El dilema de las basuras en Holanda, ¿incinerar o reciclar?

En el país más densamente poblado de la Unión Europea, gestionar de manera eficiente las basuras y residuos que cada día se generan es una tarea titánica, porque al volumen se suma el escaso espacio disponible para almacenarlos y la necesidad imperante de reducir las emisiones de CO2 en línea con los Acuerdos de París para combatir el calentamiento global. Así, si bien Holanda encontró en la incineración una solución óptima a largo plazo, incluso importando basura de países como Reino Unido para rentabilizar aún más el negocio, las nuevas exigencias en torno al reciclaje y la reducción de emisiones ponen en jaque el actual sistema.

No es de extrañar que el país conocido por ganarle terreno al mar haya sido uno de los pioneros en intentar la desaparición de los vertederos: hace más de 20 años que están prohibidos para materiales combustibles. Dentro de las políticas de transición ecológica, la gestión de residuos holandesa pasa por entender la basura como un recurso más, aprovechado mediante el reciclaje y la generación de energía en incineradoras.

Sobre el papel, la principal planta de tratamiento de residuos de Ámsterdam, llamada AEB, debería haber sido la meca de esta nueva forma de gestionar los deshechos que generan la capital y otras urbes del país. Equipada con seis unidades incineradoras, no tiene rival a nivel nacional en lo que a capacidad se refiere. En su web se jactan de que un 99% del casi millón y medio de toneladas de residuos que tratan se convierten en energía limpia y materias primas, con una tasa neta de producción eléctrica a partir de basura del 30%. Esto se traduce en la posibilidad de ofrecer electricidad a más de 300.000 hogares, además de calefacción y agua caliente para los vecinos de la capital holandesa. El reciclaje es el otro pilar de AEB, dado que tiene la capacidad de separar metales como el cobre, el aluminio o el hierro, y otros materiales como yeso. Además, los deshechos de la combustión se utilizan como material de relleno en la construcción de carreteras.

Camión de residuos para reciclar. Foto: Alicia Fernández Solla

Un círculo virtuoso que no se cumple

Todo lo arriba mencionado queda muy bien sobre el papel, pero a mediados del pasado junio, se desató una crisis que sólo ahora parece haber encontrado remedio, si bien temporal. Primero, la planta se vio obligada a cerrar cuatro de sus seis incineradoras, para después apagar las otras dos. Hasta el siete de noviembre no han reabierto todas. El principal motivo detrás del parón fue la falta de seguridad por un mantenimiento deficiente de las instalaciones, con la consiguiente posibilidad de perder el control del fuego, de acuerdo a informaciones recientes de NU.nl, que achacan la falta de inspecciones y reparaciones al mal estado financiero de AEB.

El cierre ha causado multitud de problemas: la acumulación de residuos es el más acuciante y llamativo. Los almacenes a rebosar y las quejas de vecinos afectados por el hedor han dado para horas de debate en televisión y ríos de tinta en los periódicos. Pero también se ha encarecido el suministro eléctrico y la producción de calefacción y agua caliente para los hogares.

El escándalo se ha llegado a cobrar la cabeza del político de Ámsterdam Udo Kock, que dimitió a mediados de septiembre de su puesto como concejal responsable de economía y participación. La razón fue la negativa del miembro del partido liberal D66 a respaldar una solución para los problemas de AEB que no incluyera la privatización de la planta. El ejecutivo de Ámsterdam, liderado por Groen Links (izquierda verde) terminó optando por promover una fusión entre AEB y HCV, ente de carácter público que gestiona residuos de 44 municipios holandeses, y opera una planta de características similares a la de AEB situada en Alkmaar. A pesar de la buena marcha de los contactos iniciales, HCV terminó declinando la operación, en base a una supuesta falta de compatibilidad entre las dos firmas públicas.

Deuda a raudales

Según se desprende de informaciones publicadas en prensa local, la fusión entre AEB y HCV tenía el reparto de la abultada deuda de ambas empresas como principal escollo. A mediados de septiembre se cuantificaba en unos 1.200 millones de euros, de los que 730 corresponden a HCV y el resto a AEB. Por las mismas fechas, el acuerdo sobre la mesa habría hecho responsable al ayuntamiento de Ámsterdam del 20% de la deuda a la que hubiera estado sujeto el grupo empresarial resultante de la fallida operación.

La corporación municipal también ha buscado sinergias con los acreedores de AEB, entre los que se cuentan ABN Amro, ING, Deutsche Bank y el Banco de los Municipios Holandeses. De acuerdo al medio NRC, en julio hubo contactos entre el grupo de entidades y el ayuntamiento de la capital acerca del paquete de 300 millones de deuda, entre los que se encuentran varios pagos con plazos inminentes o ya prorrogados. Tras malograrse la fusión, la salida del atolladero ha pasado por una inyección de liquidez procedente del ejecutivo municipal: de los 80 millones de euros que AEB requiere para operar hasta final de año, ya se le han inyectado 35 y se espera que el resto de los fondos estén disponibles en las próximas fechas, tal y cómo aseguraba el 10 de noviembre NU.nl en su web

En un comunicado de la propia AEB, se informó sobre la contrapartida de la inyección de dinero a la hiperendeudada planta: con el objetivo de hacer a la empresa más competitiva en su sector, se están preparando despidos entre los más de 400 trabajadores que tiene en nómina, en consenso con las administraciones locales “estudiando críticamente si los roles y el número de empleados se corresponden con el tamaño de la compañía, con la idea de prescindir de contrataciones externas”.

Sumado a la deuda, la falta de compatibilidad entre los objetivos de ambas firmas ha sido otra de las piedras en el camino de la fusión. A pesar de sus supuestas posibilidades de reciclar todo tipo de materiales, la incineración es indispensable para la rentabilidad de la gigantesca AEB, que además es un eje central en el futuro de la calefacción sin gas de Ámsterdam, otra de las políticas verdes impulsadas por el gobierno local. Mientras, HVC tiene en su hoja de ruta la reducción de la combustión para suplirla por formas de reciclaje y producción eléctrica menos contaminantes en lo que respecta a emisiones de CO2.

Lo cierto es que la planta de Alkmaar se mueve mucho más en línea con los tiempos que la poco operativa AEB: ya en 2017, Dick Hoogendoorn, director de la asociación holandesa para la gestión de residuos, auguraba un “futuro circular” en el sector, según sus palabras para Trouw: “esto quiere decir que la cantidad de basura debe reducirse, de unos 250 a 30 kilos por persona al año según las estimaciones del Gobierno”. De acuerdo a las valoraciones del experto, esto pasa porque la industria colabore y use materiales reciclables, ya que en la actualidad el 30% de los desperdicios no lo son, habrá menos y menos basura y las incineradoras tendrán que apagarse.

La importación de basuras, en jaque

A finales de junio de 2019, apenas una semana antes de que se desatara la crisis de AEB, el ministro de economía y clima Eric Wiebes soltó un cañonazo en la línea de flotación de la boyante industria holandesa del reciclaje y la incineración de basuras: una tasa de 32,12 euros por tonelada de materia prima importada. Con un decreto sorprendente por su origen, dado que los impuestos sobre residuos suelen ser promovidos por el ministerio de infraestructuras y medio ambiente, los márgenes de beneficio de plantas como AEB sufrieron un recorte del 30%. La medida está destinada a cumplir con los objetivos del veredicto del caso Urgenda, en el que una plataforma con el mismo nombre respaldada por 900 ciudadanos holandeses ganó una demanda contra el Estado para conseguir que este reduzca sus emisiones de CO2 en al menos un 25%, en lo que respecta a la diferencia de cifras entre 1990 y de 2020. Una meta hacia la que no contribuye el crecimiento desmedido que viene experimentando el renovado sector de la gestión de residuos, por culpa del uso de la combustión.

Por sorprendente que parezca, la importación de basura se ha convertido en una necesidad para el funcionamiento óptimo del sistema circular holandés de gestión de residuos. Gracias a la iniciativa del ejecutivo y a la generosidad de los bancos a la hora de financiar este tipo de proyectos, la capacidad de incineración combinada de todas las plantas del país pasó de 5,5 millones de toneladas en el 2000 a 8,2 en 2017, según datos del grupo de trabajo Werkgroep Afvalregistratie, entidad dependiente del gobierno holandés que publica informes anuales. Unido al beneficio de poder absorber la totalidad de los residuos combustibles o reciclables de todo Países Bajos, la escalada de la capacidad también se traduce en un rendimiento más eficiente de plantas como la gigantesca AEB.

No obstante, la competencia entre plantas y el impulso del sector público ha llevado a una sobredimensión de la industria que requiere de la importación de residuos para que opere con unos costes y un rendimiento óptimos. Y los costes de medidas como las tasas sobre la adquisición de basura en el extranjero podrían dejar de hacer atractiva la opción para el principal cliente: Reino Unido, cuya continuidad como socio también podría verse en entredicho por su incipiente salida de la Unión.

De acuerdo a la visión expresada en un artículo publicado recientemente en Het Financieele Dagblad, la generación de energía eléctrica y la gestión de residuos, siempre con el objetivo de controlar las emisiones de CO2 en mente, se han convertido en una pescadilla que se muerde la cola. Así se trasluce de las palabras de Robert Corijn, director de marketing en Attero, otra de las firmas que intenta abrirse camino en el mismo sector que AEB. Cercano a las tesis de los actores privados en el mercado de la gestión de residuos, cita tres estudios que consideran que los impuestos sobre la importación de basura no contribuirán a alcanzar los niveles de reducción de CO2 estimados por el gobierno. Y también advierte que, al estar la mitad del sector en manos de corporaciones públicas, su bancarrota y hundimiento podría afectar seriamente a las cuentas de muchos ayuntamientos. El directivo asegura que de los 22.000 terajulios anuales (suficientes para proveer de energía a medio millón de hogares) producidos por las plantas de incineración, entre cinco mil y seis mil provienen de la quema de basura “extranjera”. Corijn recalca lo inquietante de las predicciones del Ejecutivo en lo que a tasas sobre importación de residuos se refiere: en 2023, no esperan recibir ingresos por este concepto. ¿El motivo? El alto coste para empresas y gobiernos extranjeros haría más atractivas otras opciones, como afrontar sus propios impuestos por utilizar vertederos tradicionales en vez de embarcar sus residuos hasta Países Bajos.

Así, al dejar de importar basura la factura eléctrica de Holanda subiría, por caer la eficiencia de las plantas incineradoras, aumentando sus costes y descendiendo su producción total. Por si esto no fuera suficiente, estos cinco o seis mil terajulios que en la actualidad dependen de los residuos extranjeros, tendrían que salir de algún lado, según asegura el directivo de Attero, que se aventura a especular con la posibilidad de que el impasse en la generación eléctrica a partir de fuentes renovables pueda llevar a una extensión de los plazos para el cierre de las centrales de gas y carbón que tradicionalmente han cubierto la mayor parte de las necesidades energéticas del país, pero que ahora tienen los días contados por sus emisiones de CO2. El ministro Wiebes, el mismo que anunció los impuestos que traen de cabeza a AEB y el resto del sector, decretó su cierre el pasado año, con fecha límite en 2029. ¿Prórroga a la vista en el partido energético holandés?

Foto: Alicia Fernández Solla

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