Muchos padres han sufrido una «injusticia sin precedentes» en el caso de los subsidios a la guardería que durante años Hacienda reclamó erróneamente a miles de familias, acusándoles de fraude. La comisión parlamentaria encargada de interrogar a los posibles responsables ha concluido que se han violado los principios fundamentales del Estado de Derecho en la asignación de las prestaciones para el cuidado de los niños desde 2017. Durante años, los padres no tuvieron ninguna oportunidad de defender su inocencia «debido a una suma de incapacidades»que la Comisión confirma «con asombro y con profunda indignación». Insta a todas las partes involucradas, desde ministros, hasta funcionarios e incluso jueces y miembros del Congreso a reflexionar sobre cómo se puede prevenir esto en el futuro y cómo se puede rectificar la injusticia cometida. Una atención excesiva a la eficiencia en la aplicación de las asignaciones hizo desestimar las excepciones de los casos individuales, algo que según la Comisión, viola el principio fundamental del Estado constitucional de preservar los intereses de la ciudadanía. Los jueces aplicaron la norma «a ultranza» incluso cuando esta no se desprendía necesariamente de la ley. «Al hacerlo, los tribunales administrativos descuidaron su importante función de proteger a los ciudadanos individuales», señalan los autores del informe final. En él se critica el papel de muchos de los ministros actuales, entre ellos Eric Wiebes, entonces secretario de Estado de Finanzas y hoy ministro de Economía por ser «consciente de la falta de protección jurídica y de las consecuencias desproporcionadas que tendría para los padres la acusación de fraude», que resultó ser falsa. Fuente: NOS