El Gobierno creó a principios de marzo un consorcio nacional para centralizar la compra y distribución de los recursos necesarios en la lucha contra el coronavirus. Se trataba de evitar que los hospitales tuviesen que enfrentarse por su cuenta al difícil mercado de venta de material sanitario de protección. Por los datos hoy aportados, parece que este consorcio también se enfrenta frecuentemente con material defectuoso. El consorcio, dependiente del Ministerio de Salud Pública, ha comprado unos 47,2 millones de mascarillas médicas, del tipo FFP2, la mayoría de ellas en mercados asiáticos. Pese a verificarse en origen los certificados del material así como realizarse una inspección visual, una vez en el país su calidad es evaluada por un equipo del RIVM. Tras este control, el 11 por ciento de las mascarillas compradas han sido rechazadas directamente por no cumplir los requisitos de calidad necesarios en el sector sanitario por defectos en el filtro. Otras 3,9 millones de mascarillas han sido apartadas por defectos en los ajustes o por calidad inferior a la esperada, pero no se han devuelto pues pordrían ser usadas fuera del sector sanitario. Los costos por la compra de material defectuoso van a cargo del proveedor, pero si no consiguiesen recuperarse irían a cuenta del Ministerio de Salud Pública, Bienestar y Deporte. Fuente: AD