Gran parte de las personas que viven y trabajan de forma ilegal en Holanda han perdido su trabajo tras el estallido de la pandemia. Al carecer de BSN (Burgerservicenummer) no cuentan con servicio médico y tienen miedo de enfermar. La ONG Médicos sin Fronteras y el consultorio Kruispost ofrecen atención médica a estas personas y aseguran que hay mucho miedo e desconocimiento: «el coronavirus provoca un estigma parecido al de las enfermedades venéreas porque si lo tienen, deben ser aislados» en pabellones deportivos y otros lugares habilitados por los servicios municipales de Salud (GGD), donde también se acogen a las personas sin hogar. «Muchos temen ese aislamiento», afirman desde la ONG. La ley de Extranjería holandesa establece que las personas sin papeles tienen derecho a recibir la atención médica de urgencia, por lo que podrían ser ingresados y tratados en un hospital si fuera necesario. Los médicos y los hospitales pueden reclamar al Ministerio de Salud Pública el 80% de los gastos incurridos por atender a pacientes que no tienen residencia legal en Holanda. En 2019, este gasto ha sido de 32 millones de euros. Aunque se desconoce la cifra legal, se estima que puede haber entre 60.000 y 130.000 residentes ilegales en el país. Fuente: NOS