A partir de ahora, los alcaldes y la Fiscalía tendrán derecho a inspeccionar las donaciones procedentes de fuera de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. El Gabinete ha respondido así a la reciente investigación parlamentaria sobre la posible influencia de inversores de países musulmanes en la radicalización de las mezquitas y de los colegios islámicos en Holanda. El comité concluyó que inversores de distintos países del Golfo están tratando de difundir mensajes fundamentalistas que rechazan los valores esenciales de nuestra sociedad, como la libertad y la igualdad. Para el ministro de Protección Jurídica Sander Dekker, «el dinero extranjero que se destina a facilitar o a presionar a las organizaciones para incitar al odio, la discriminación o los pensamientos antidemocráticos no pertenecen aquí. Las organizaciones que están abiertas a este tipo de donaciones no deberían poder salirse con la suya». Aquellas que no cooperen en la inspección se exponen a ser culpadas de delito económico, lo que acarrearía una multa así como la suspensión de los miembros de su órgano directivo durante un plazo máximo de cinco años. La Cámara de Representantes también ha aprobado un proyecto del ley que facilita la prohibición de las organizaciones antidemocráticassi suponen una grave amenaza para la sociedad o pretenden derrocar el Estado de Derecho. Fuente: NOS